IMPLICACIONES DEL PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

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María Julia Ochoa Jiménez

 

SUMARIO: Introducción. 1. Aspectos Generales sobre el Principio de Autonomía de la Voluntad. 2. Implicaciones del Principio de Autonomía de la Voluntad en materia de Propiedad Intelectual 3. Limitaciones al Principio de Autonomía de la Voluntad en materia de Propiedad Intelectual. 3.1. Derecho de Autor. 3.2. Derecho de Marcas. 3.3. Derecho de Patentes. Conclusiones. Referencias.

 

 

Introduccción

 

            Los contratos que tienen por objeto bienes intelectuales constituyen, regularmente, contratos innominados o atípicos. Ello significa que la mayoría de estos contratos no están expresamente regulados por la ley. Sin embargo, como todo contrato, están regidos por los principios generales que rigen en materia contractual.

 

            Ahora bien, uno de estos principios generales que rigen los contratos es el principio de autonomía de la voluntad. Este principio reviste gran relevancia dentro de la Teoría General de los Contratos, y en materia de contratos de Propiedad Intelectual su importancia es claramente perceptible, ya que una de las consecuencias más importantes de este principio consiste en la posibilidad de que los particulares celebren convenciones de cualquier tipo, aún no reglamentadas expresamente por la ley. Es así como sirve de fundamento para la existencia de contratos innominados, como los contratos de transferencia de tecnología o los contratos de franquicia.

 

            Pero este principio no se reduce únicamente a permitir la celebración de contratos no tipificados en la ley, sino que sus efectos se extienden hasta la libertad que tienen los particulares para la determinación del contenido de los contratos, es decir, la libertad para el establecimiento de las obligaciones que de él derivan. Es en este sentido en el que revisten mayor relevancia las limitaciones que se establecen al principio de autonomía de la voluntad, pues las mismas están referidas más al contenido las obligaciones contractuales que a la tipología del contrato que les da nacimiento. A un tratamiento general, de ninguna manera exhaustivo, sobre las implicaciones que tiene el principio de autonomía de la voluntad, así como a las limitaciones que al mismo se imponen en materia de Propiedad Intelectual, dedicamos estas páginas.

 

Para llevar a cabo esa tarea de un modo que pueda considerarse satisfactorio, debemos cuando menos bosquejar los aspectos fundamentales del principio de autonomía de la voluntad. Hecho esto, podremos referir las relaciones e implicaciones que tiene este principio en relación con los derechos de propiedad intelectual, limitándonos a sus principales ramas: el Derecho de Autor, el Derecho Marcario y el Derecho de Patentes.

 

 

1. Aspectos Generales sobre el Principio de Autonomía de la Voluntad

 

El principio de autonomía de la voluntad, o libertad contractual, consiste en el poder que la ley reconoce a los particulares para reglamentar por sí mismos (libremente y sin intervención de la ley) el contenido y modalidades de las obligaciones que se imponen contractualmente[1]. Es así como en materia de contratos, la mayor parte de las normas son de carácter supletorio o dispositivo y no imperativas.

 

            Cabe resaltar que el principio de autonomía de la voluntad es expresión de un principio más amplio: el de la autonomía de las personas. Este principio tiene un claro carácter metajurídico, y está fuertemente impregnado de sentido moral y se refiere, fundamentalmente, a la libertad que, dentro de sus posibilidades, tienen las personas para elegir por sí mismas, aunque las opciones que escojan sean, objetivamente, erróneas[2].

 

            Fracesco Messineo[3] se refiere a varias acepciones del principio de autonomía de la voluntad o libertad contractual, de acuerdo a las cuales dicho principio implica que:

 

            a) ninguna de las partes del contrato puede imponer unilateralmente a la otra el contenido de las obligaciones que lo conforman, pues el contrato debe ser fruto de un acuerdo previo entre las partes;

 

            b) las partes tienen la facultad de autodisciplinarse, aunque sin lesionar normas jurídicas imperativas; y

 

            c) las partes están facultadas para concluir contratos con finalidades prácticas aún no previstas por la ley (contratos innominados)[4]. Sin embargo, en este caso, los contratos innominados que se celebren han de ser susceptibles de tutela jurídica.

 

En relación a la última acepción mencionada, es conveniente resaltar que, como lo afirma Melich-Orsini, los contratos innominados son aquellos que no son susceptibles de clasificarse en ninguna de las categorías o tipos organizados por el Código Civil, el Código de Comercio o por otras leyes especiales[5].

 

De lo dicho hasta aquí se desprende lo afirmado por Larroumet[6] sobre los elementos que conforman la libertad contractual: la soberanía de la voluntad y la fuerza obligatoria de la voluntad. La primera se refiere a la libertad para contratar, lo que significa que los particulares son libres de decidir si han de celebrar un contrato o no, así como también que, en principio, la voluntad se basta a sí misma, sin necesidad del cumplimiento de formalidades. La fuerza obligatoria se refiere a que lo pactado entre las partes tiene entre éstas fuerza de ley.

 

            Es conveniente resaltar, aunque aparezca como evidente, que el principio de autonomía de la voluntad tiene un doble fundamento: uno de carácter filosófico y otro de carácter económico. El fundamento filosófico reposa en la teoría del individualismo; mientras que el fundamento económico se encuentra en la corriente de el liberalismo[7].

 

 

2. Implicaciones del Principio de Autonomía de la Voluntad en Materia de Propiedad   

   Intelectual

 

El principio de autonomía de la voluntad rige en la celebración de contratos en cualquiera de las ramas del Derecho. Sin embargo, en cada materia especial este principio puede revestir implicaciones que permiten hablar de un cierto amoldamiento del mismo a las características particulares de la específica materia jurídica de que se trate. De esta manera, el principio de autonomía de la voluntad tiene en relación con la Propiedad Intelectual implicaciones particulares, a las cuales nos referiremos seguidamente.

 

 

2.1.             El Principio de Autonomía de la Voluntad sirve de fundamento a la existencia de los contratos innominados de propiedad intelectual.

 

Como lo apuntamos al conceptualizar el principio de autonomía de la voluntad, uno de los efectos más relevantes que de él derivan es la facultad que se otorga a los particulares de celebrar contratos que no se encuentran expresamente regulados por la ley. Teniendo los particulares esta facultad pueden celebrar libremente contratos que tienen por objeto bienes de propiedad intelectual, aunque dichos contratos no se encuentren tipificados en ley alguna (contratos de transferencia de tecnología, contratos de franquicia, licencia de patentes, etc.).

 

            Ahora bien, afirmar que los contratos de propiedad intelectual son, sin más, contratos innominados, como se realiza generalizadamente en la doctrina, resulta incorrecto. Si bien, los contratos de propiedad intelectual son con gran frecuencia atípicos[8], existen ciertos contratos de propiedad intelectual que son contratos nominados o típicos, pues se encuentran regulados expresamente por normas legales (las normas comunitarias) que les permiten individualizarlos y les otorgan caracteres propios. De esta manera, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece, por ejemplo, cual es el objeto del contrato de licencia de explotación de la marca, y lo sujeta a ciertas formalidades que lo hacen un contrato solemne (este contrato debe costar por escrito y deberá ser registrado).

 

Con base en lo anterior, puede afirmarse que son contratos de propiedad intelectual nominados:

 

-La cesión y licencia de uso de los derechos de explotación concedidos al autor, ya que estos contratos se encuentran reglamentados por las normas de la Ley sobre Derecho de Autor vigente en nuestro país.

 

            -La cesión y licencia de marcas, pues éstos son contratos que se encuentran reglamentados en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

 

            -La cesión y licencia voluntaria de patentes, ya que las normas de la Decisión 486 del Comisión de la Comunidad Andina los reglamenta.

 

En lo tocante a otros contratos como el contrato de investigación y el contrato de franquicia, puede afirmarse que son contratos innominados, puesto que no existen normas legales expresas que los reglamenten.

 

2.2.             El íntimo vínculo que existe entre el Principio de Autonomía de la Voluntad y Principio de Igualdad Jurídica incide en la conformación de los contratos de propiedad intelectual.

 

            Es de resaltar que el principio de autonomía de la voluntad está íntimamente vinculado al principio de igualdad jurídica. La igualdad jurídica consiste en que el Derecho concede a todos los sujetos jurídicos iguales prerrogativas. Nótese como se refleja este estrecho vínculo en la primera de las acepciones que del principio de la autonomía de la voluntad nombra Messineo, ya mencionada.

 

Ahora bien, se ha dicho que la igualdad jurídica debe responder a la igualdad socioeconómica de las partes, y viceversa, la desigualdad socioeconómica de las partes debe reflejarse en una desigualdad jurídica[9]. Es de este modo como surge, precisamente, la justificación de la existencia de los denominados débiles jurídicos, paralelamente a la existencia de Derechos, o ramas jurídicas, caracterizados por su tuitividad. Es así como actualmente se produce una creciente limitación de la libertad contractual por normas legales tuitivas, como lo son las que integran la legislación laboral, o la legislación de protección al consumidor.

 

A este respecto cabría resaltar la característica de tuitividad que en gran medida revisten a las normas del Derecho de Autor. Sin emabrgo, es pertinente preguntarse si tienen el Derecho de Marcas y el Derecho de Patentes este carácter. Consideramos que no.

 

Como una justificación básica de la tuitividad que las normas del Derecho de Autor ofrecen a los autores resalta la existencia de una oferta de obras mayor que la demanda. No obstante, debido a las características propias de los titulares de signos distintivos, así como por las funciones específicas que los mismos cumplen en el mercado no puede afirmarse que el titular de una marca debe ser considerado como débil jurídico en las relaciones contractuales que tienen por objeto algún derecho sobre dicho bien intelectual; del mismo modo como tampoco en lo tocante al Derecho de Patentes en aquellas relaciones contractuales que se generan con el licenciamiento o la cesión del uso de una invención. Por tal razón, en los contratos celebrados con motivo de la transferencia o cesión de una marca o de una patente, las partes contratantes suelen encontrarse en una situación de igualdad socioeconómica, lo que se traduce en una igualdad jurídica.

 

2.3.             El Principio de Autonomía de la Voluntad facilita el libre tráfico de bienes intelectuales.

 

Un reconocimiento pleno del principio de autonomía de la voluntad por parte del Derecho Positivo se corresponde con una economía de libre mercado, pues este principio lleva implícito que el Estado no ha de inmiscuirse en el desenvolvimiento de los intercambios económicos realizados por los particulares mediante la celebración de contratos. En la medida en que el Estado interviene en los intercambios económicos, la libertad contractual se limita.

 

En el mismo sentido, este reconocimiento de la libertad contractual está relacionado con las consideraciones acerca de si el tráfico económico de bienes intelectuales debe estar limitado por el otorgamiento por parte de la ley de monopolios de explotación; o si, por el contrario, la regulación del tráfico económico de estos bienes debe dejarse a las leyes del mercado, en el sentido de que dichos monopolios legales de explotación podrían obstaculizar la libre competencia.

 

2.4.             El Principio de Autonomía de la Voluntad y los Derechos de Propiedad Intelectual comparten una relevancia económica incuestionable.

 

De manera general, el principio de autonomía de la voluntad, en tanto fundamento de la libertad de contratación entre los particulares, refleja la regulación por las normas jurídicas de los intercambios económicos. Visto de este modo, el principio de autonomía de la voluntad tiene un importante contenido económico y una relevancia que se manifiesta de manera evidente en el modo como contribuye a que las transacciones económicas se realicen más eficientemente.

 

Los derechos de propiedad intelectual, por su parte, tienen amplias connotaciones en el campo económico, que podríamos condensar diciendo que los derechos de propiedad intelectual: a) dan forma concreta al conocimiento económicamente útil; b) convierten los avances científicos en estímulos al conocimiento; y c) son una herramienta para el desarrollo económico de los países[10].

 

 

3.       Limitaciones al Principio de Autonomía de la Voluntad en Materia de Propiedad

Intelectual

 

Los límites al principio de autonomía de la voluntad son siempre de carácter legal. Generalmente, se habla del orden público y de las buenas costumbres como límites a este principio, pero éstos limitan el principio en cuestión en tanto están contemplados en la ley. Es así como el artículo 6º del Código Civil de Venezuela establece que “No pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres”. Es por ello que conviene referirnos brevemente a las definiciones de los mismos.

           

El orden público consiste en el “conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituidas en una comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente la organización de ésta, no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos...”; mientras que las buenas costumbres son aquellas “reglas de moral a que deben ajustarse  todas las personas y que no pueden ser derogadas convencionalmente. Por supuesto, varían con los tiempos y los pueblos”[11].

 

Pueden mencionarse también, como algunos de los límites que podríamos llamar genéricos, la exigencia de un objeto lícito del contrato, o la exigencia de celebración de ciertas formalidades en el caso de los contratos solemnes. Por otra parte, en materia de propiedad intelectual las normas reguladoras de la competencia desleal podrían imponer limitaciones a la autonomía de los particulares para la celebración libre de contratos.

 

            Ahora bien, valga recordar que todo límite al principio de autonomía de la voluntad constituye una excepción a la regla. Es por esta circunstancia que las limitaciones a este principio deben constar expresamente en la ley.

 

            Seguidamente, se intentará bosquejar las limitaciones que se imponen legalmente al principio de la autonomía de la voluntad en cada una de las ramas que conforman el Derecho de la Propiedad Intelectual, esto es, el Derecho de Autor, el Derecho de Marcas y el Derecho de Patentes.

 

3.1.             Derecho de Autor

3.2.              

El artículo 31 de la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina deja la regulación de las transferencias y licencias de uso a la ley nacional.

 

      En la Ley sobre Derecho de Autor Venezolana, por supuesto, impera el principio de autonomía de la voluntad. Sin embargo, se establecen las limitaciones que siguen:

 

a)       La licencia de uso debe ser no exclusiva (Art. 50).

b)       La licencia de uso debe ser remunerada (Art. 50).

c)  Las cesiones sobre obras futuras no pueden exceder de cinco años (Art. 52).

d)  En caso de cesión a título oneroso, pues éstas pueden ser también a título      gratuito, debe establecerse una participación a favor del autor proporcional a los ingresos que obtenga el cesionario. (Art. 55).

e) El autor tiene en todo momento frente al cesionario el derecho a revocar la cesión. Derecho moral. (Art. 58).

 

            Debemos mencionar que ninguna cláusula contractual que vaya en contra de alguna de las normas que hemos transcrito podrá ser considerada válida.

 

3.3.             Derecho de Marcas

 

            Tomando en consideración lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pueden señalarse las limitaciones que siguen en relación a los contratos que tienen el derecho sobre la marca como objeto.

 

a)       La transferencia del registro de marca, así como la licencia de uso de la marca, deberán registrarse ante la oficina nacional competente para que surtan efectos frente a terceros. (Arts. 161 y 162).

b)       La licencia deberá constar por escrito, a efectos del registro. (Art. 162).

c)       La licencia y la transferencia deberán ajustarse al Régimen Común de Tratamiento de Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías y a las normas sobre libre competencia.

 

3.4.             Derecho de Patentes

 

La Decisión 486 establece como limitaciones a la libertad contractual en materia de transferencia y licencia de patentes las sigientes:

 

a)       Las licencias de patentes deberán registrarse ante la oficina nacional competente para que surtan efectos frente a terceros. (Art. 57).

b)       Las licencias deberán constar por escrito, a efectos del registro. (Art. 57).

c)       Las licencias deberán ajustarse al Régimen Común de Tratamiento de Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías y a las normas sobre libre competencia. (Art. 57).

 

Es menester realizar una última observación, en referencia a la figura de las licencias obligatorias. Consideramos que este tipo de licencias no constituyen contratos propiamente, ya que su otorgamiento no deriva de una convención previa celebrada entre el titular del derecho y quien solicita la concesión de tal licencia por ante la oficina nacional competente. Este tipo de licencias se encuentra, pues, excluido del ámbito de la materia contractual, en consecuencia en ellas no rigen los principios generales de los contratos, entre los que figura el principio de autonomía de la voluntad. Por ende, según nuestro criterio, no puede afirmarse  que este tipo de licencias constituyan una limitación al principio de autonomía de la voluntad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones

 

-La importancia del principio de autonomía de la voluntad no se circunscribe únicamente al campo jurídico. La existencia de normas y principios jurídicos responden a un valor que la sociedad confiere a un hecho determinado, sea natural o provocado por el hombre. El reconocimiento del principio de la autonomía de la voluntad por parte del derecho positivo responde a esta forma de originarse las normas de Derecho. Dicho con otras palabras, en el complejo mundo de la realidad social se producen intercambios económicos entre los particulares (hecho); la colectividad reconoce a estos intercambios o transacciones como necesarios  para la convivencia común (valor); con posterioridad, la sociedad instituye normas y principios jurídicos (como el principio de autonomía de la voluntad) que regulan dichas transacciones (norma) a fin de garantizar que los intereses de los particulares sean satisfechos en armonía con el interés general. En este sentido, el principio de autonomía de la voluntad responde a una necesidad de la sociedad de que se garantice la libre realización de transacciones económicas sobre bienes intelectuales, lo que sirve de presupuesto para el desarrollo económico de los países, en especial los países en desarrollo como el nuestro.

 

-No todos los contratos de propiedad intelectual son contratos innominados. Contratos como el de licencia de patentes y el de licencia de marcas son contratos típicos o nominados; aunque no ocurre lo mismo con el contrato de franquicia y el de contrato de investigación, por ejemplo.

 

-El principio de autonomía de la voluntad se encuentra limitado por ciertas normas legales. Entre las principales ramas de la propiedad intelectual (Derecho de Autor, Derecho Marcario y Derecho de Patentes) es en el Derecho de Autor donde donde se observan más limitaciones, ello debido al carácter tuitivo que dicha rama reviste.

 

 

 

 

 

Referencias

 

ASENSIO, Pedro. Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial. Editorial Civitas.      Madrid. 1995.

 

CHARLESWORTH, citado por ANDRADE, Raiza. Etica de la Vida-Etica de la Responsabilidad. En Biotecnología y Propiedad Intelectual. Editorial Livrosca. Caracas. 1999.

 

LARROUMET, Christian. Teoría General del Contrato. Vol. I. Editorial Temis. Santa Fe de Bogotá. 1993.

 

MELICH-ORSINI, José. Doctrina General del Contrato. Editorial Jurídica Venezolana. 2ª Ed. Caracas. 1993.

 

MESSINEO, Francesco. Doctrina General del Contrato. Tomo I. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires. 1952.

 

OSSORIO, Miguel. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas. Mimeo.

 

SHERWOOD, Robert. Beneficios que brinda la Protección de la Propiedad Intelectual a los Países en Desarrollo. En Derechos Intelectuales. Editorial Astrea. Buenos Aires. 1989.

 

 



[1] MELICH-ORSINI, José. Doctrina General del Contrato. Editorial Jurídica Venezolana. 2ª Ed. Caracas. 1993. Pág. 27.

[2] CHARLESWORTH, citado por ANDRADE, Raiza. Etica de la Vida-Etica de la Responsabilidad. En Biotecnología y Propiedad Intelectual. Editorial Livrosca. Caracas. 1999. Pág. 1.

[3] MESSINEO, Francesco. Doctrina General del Contrato. Tomo I. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires. 1952. Págs. 16 y 17.

[4] MESSINEO, Francesco. Ibidem.

[5] MELICH-ORSINI, José. Ob. Cit. Pág. 28.

[6] LARROUMET, Christian. Teoría General del Contrato. Vol. I. Editorial Temis. Santa Fe de Bogotá. 1993. Págs. 85-105.

[7] LARROUMET, Christian. Ibidem.

[8] ASENSIO, Pedro. Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial. Editorial Civitas.  Madrid. 1995. Pág. 52.

[9] LARROUMET, Christian. Ob. Cit. Pág. 93.

[10] SHERWOOD, Robert. Beneficios que brinda la Protección de la Propiedad Intelectual a los Países en Desarrollo. En Derechos Intelectuales. Editorial Astrea. Buenos Aires. 1989. Pág. 74.

[11] OSSORIO, Miguel. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas.